¿Por qué el Estado es responsable por la muerte de Santiago Maldonado?



Santiago Maldonado desapareció luego del desalojo represivo a una protesta que se realizó el 1ro de agosto en la Ruta 40. Los integrantes de la Pu Lof reclamaban por la detención de Facundo Jones Huala. El cuerpo sin vida de Santiago fue encontrado 78 días después. La autopsia determinó que la causa de muerte fue hipotermia y asfixia por sumersión. Muchos medios, incluso integrantes del Gobierno, quisieron instalar la idea de que “se ahogó solo”.

Hoy te contamos por qué el Estado es responsable por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Macri y Lewis un sólo corazón


El Presidente de la Nación y el magnate inglés son amigos desde hace más de 10 años cuando Macri era la máxima autoridad de Boca Juniors y Lewis ya había comprado el club londinense, Tottenham Hotspurs. En 2016 la Oficina Anticorrupción debió procesar a Macri por vacacionar en la casa del empresario y trasladarse en su helicóptero privado, ya que la Ley de Ética Pública impone que los funcionarios no podrán “recibir ni dar regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”. Laura Alonso no sólo no lo procesó, sino que hubo un beneficiario impensado: se anuló la causa contra el ex vicepresidente Amado Boudou, procesado por viajar en un helicóptero perteneciente a un empresario argentino.

Sobre tarifazos y algo más

A través de su empresa Pampa Energía, Lewis es accionista de Edenor. Fue sumamente beneficiado por los tarifazos en la luz y en el presupuesto del año pasado se le perdonó una deuda de más de 1.200 millones de pesos que la empresa tenía con el Estado. Lewis no permite el acceso a Lago Escondido y construyó una central hidroelectrica en el lugar, territorio que nos pertenece a todos los argentinos. Ahora la vista de Lewis está en la creación de centrales eólicas, con inversiones multimillonarias del Estado.

Las comunidades de pueblos originarios que reclaman las tierras, significan un impedimento para Lewis, por eso el Gobierno quiere devolver el favor. El 31 de julio del 2017 Pablo Noceti, jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, se reunió con los ministros de Seguridad de Chubut y Río Negro, para “coordinar acciones de defensa” ante posibles “ataques de la RAM”. Ordenó que se utilice durante los operativos la figura de “flagrancia”, una ley votada en 2016 para justificar y autorizar el accionar de las Fuerzas de Seguridad sin una orden judicial.

Durante el operativo represivo para liberar la Ruta 40 el día en que Santiago desapareció, los mapuches corrieron hacia el interior del territorio, con lo que la ruta quedó liberada. Sin orden judicial y bajo la excusa de la “flagrancia”, 52 gendarmes ingresaron al territorio sagrado, permanecieron allí más de 5 horas y realizaron más de 80 disparos con municiones antitumulto.

Como puede verse en las imagenes que los mismos gendarmes filmaron, muchos de ellos persiguieron a los mapuches y les arrojaron piedras. Unos quince efectivos llegaron hasta la orilla del río cargando escopetas. Dos mujeres y dos niños fueron retenidos durante cuatro horas.

Luego de la persecución, los gendarmes allanaron las viviendas de la comunidad e incautaron objetos. Algunos fueron registrados en actas, otros directamente quemados en una fogata. Todo fue sin orden judicial, aunque luego fueron convalidados telefónicamente por el juzgado. El sumario interno fue cerrado sin identificar las irregularidades cometidas.

Los integrantes de la comunidad fueron los primeros en denunciar la desaparición de Santiago. Luego de seis días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó los primeros comentarios sobre la investigación que se basaron en defender a Gendarmería antes de investigar, plantar hipótesis que no tenían sentido y desviar la responsabilidad hacia la comunidad Mapuche y no a quiénes reprimieron la protesta.


Negadores

Bullrich negó que hubiese filmaciones del operativo, lo que se comprobó que era totalmente falso. Se allanaron los escuadrones de Gendarmería y se secuestró el material audiovisual, pero faltaban al menos 78 fotografías y numerosos videos. Algunos habían sido entregados a los medios de comunicación pero no a la Justicia. El CELS requirió recuperar el material pero quedaron sin poder rescatarse 10 fotos y por lo menos 30 videos. El comandante de la Gendarmería Nacional, Juan Pablo Escola, había negado que los gendarmes llegaron hasta la vera del río Chubut. Gracias a las fotografías se comprobó que los efectivos no sólo ingresaron a la comunidad, sino que lo hicieron portando escopetas y bastones para reprimir.

Todas estas cuestiones fueron tapadas con el circo mediático: Tapas del “gran diario argentino” diciendo que en Entre Ríos hay un pueblo en el que todos se parecen a Santiago Maldonado, la entonces candidata Elisa Carrió asegurando que había un 20 por ciento de posibilidades de que Santiago estuviese en Chile, fotos de Jones Huala cuando se vestía como flogger, afirmaciones de que los Mapuches lo tenían secuestrado, y por qué no la mismísima Cristina Kirchner.

Pasaron los días y gran parte del país y del mundo se preguntó ¿dónde está Santiago Maldonado?


Manifestamos y nos reprimieron. Se encargaron de inventar historias de él y su familia. Cuando encontraron el cuerpo 78 días después en el río donde reprimieron, en un lugar donde ya habían rastrillado, quisieron que le pidamos perdón a Gendarmería.

Del “se ahogó solo y otras mentiras”

Sergio Maldonado tuvo que ser su propio perito de parte cuando encontraron el cuerpo de Santiago. Estuvo más de 7 horas a la vera del río Chubut viendo cómo se llevaban a su hermano sin vida. No pudo dejar de mirar, no quiso perderse ningún detalle, ya no confiaba en nadie.

Edmond Locard, padre de la criminalística, dijo que “el tiempo que pasa es la verdad que huye”. La cantidad de días que se perdió negando la situación y sin activar una búsqueda efectiva, el traslado del cadáver y la espera a que terminen las elecciones para realizar la autopsia, se traduce en una gran cantidad de esa verdad que huyó del cuerpo de Santiago.

El protocolo que utilizaron durante su autopsia fue impecable. 55 de los peritos más reconocidos del país trabajaron de forma organizada y durante más de 14 horas. El estado del cadáver era confuso, tenía distintos periodos de putrefacción a lo largo del cuerpo. No se encontraron lesiones externas, pero por su estado no se pudo comprobar si tenía lesiones internas. Los métodos para determinar la data de la muerte, como por ejemplo el entomológico que analiza la fauna cadavérica, arrojaron tres resultados distintos el primero que estimó que el cuerpo estuvo más de 53 días en el agua, el segundo que fueron más de 60 y el tercero más de 73 días.

Todo indica que Santiago murió escondiendose de la Gendarmería que llegó persiguiéndolos al río. El proceso de hipotermia hizo que se le vayan adormeciendo los miembros y reduciendo la capacidad de moverse, esto le pudo provocar un desvanecimiento total y una posterior asfixia por sumergirse en el agua. En la médula osea roja de los huesos no se hallaron diatomeas, algas unicelulares que se encuentran en el agua. Si ingresan en el pulmón, al ser más pequeñas que los alvéolos pulmonares, hacen un pasaje por ósmosis e ingresan al torrente sanguíneo, por ende deberían encontrarse en el interior de los huesos. Pero sí se encontraron dentro del corazón.

Santiago murió como consecuencia de una intervención violenta del Estado ante un conflicto de antigua data entre las comunidades de pueblos originarios y los empresarios extranjeros que buscan hacer negocios multimillonarios con tierras de nuestro país. El Gobierno actual está, como siempre, del lado del más poderoso.

Novedades en la causa

Se quiere investigar la responsabilidad política de la represión a la comunidad Mapuche que provocó la muerte de Santiago. El juez que investiga la causa, Gustavo Lleral, ya tiene en su poder el listado de las llamadas entrantes y salientes del celular del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. La querella pide que se analicen en cuáles de esas llamadas se comunicó con los gendarmes que reprimieron durante la protesta aquel 1° de agosto. También se solicitó realizarle un peritaje al DNI de Santiago que supuestamente llevó en su bolsillo durante 78 días sumergido bajo el agua. Durante el hallazgo, sorprendió de buen estado del documento.

Ayer supimos que ascendieron a Emmanuel Echazú, el único gendarme imputado por la desaparición forzada de Santiago. A las 11.40 del día en que Santiago desapareció, Echazú fue fotografiado regresando del río, el comandante Juan Pablo Escola había asegurado que la tropa jamás estuvo a menos de 40 metros del agua. Echazú con una herida profunda en la cara y hasta con una fractura -que él declaró que se lo hicieron los manifestantes con un piedrazo- fue quien se encargó de hacer las actas del operativo. Pero en el informe no se lo nombra. El flamante alferez fue ascendido a través del boletín oficial y con la firma de la Ministra Bullrich. Fue él quien declaró que si hubiera aceptado esa detención, Santiago Maldonado “estaría vivo”.


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