En un acto digno de resistencia a la ampliación de derechos, la jueza chaqueña Marta Beatriz Aucar pasó por encima del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo y decidió suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada el pasado 30 de diciembre y promulgada por el presidente Alberto Fernández hace sólo dos semanas.
Reconocida por su militancia antiderechos y su adhesión a la Iglesia Católica de Chaco, la magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por seis activistas “celestes” en la segunda provincia del país con la tasa de fecundidad temprana más alta luego de Formosa. “Que una jueza provincial se atreva a ir contra un derecho humano fundamental después de años de lucha en el país, en Latinoamérica y en el mundo, es una aberración institucional, jurídica y moral”, describió la senadora coterránea María Inés Pilatti. “Han elegido una jueza a su medida. Presentaron la cautelar en plena feria judicial ante una jueza provincial y no en un juzgado federal como hubiera correspondido”, agregó.
Por su parte, desde Católicas por el Derecho a Decidir denunciaron a la magistrada por la comisión de delito de “prevaricato” al entender que la resolución no está fundada en derecho, acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos y desconoce la normativa nacional e internacional. “Deja a las mujeres y personas gestantes chaqueñas en situación de ciudadanas de segunda respecto de sus con-ciudadanas en el país”, detalla el comunicado de la organización.
