La trabajadora social y miembro del Centro de estudios legales y sociales (CELS), Ana Sofía Soberón, comentó la importancia del centro y su tarea en el área de salud mental dentro de la sociedad.
En primer lugar, la trabajadora social explicó que “El CELS es una organización civil de derechos humanos fundada en 1979 en plena dictadura cívico militar fundada por familiares cuyos hijos habían sido secuestrados. Laura Conte, madre de Plaza de Mayo línea fundadora, es quien crea el equipo de salud mental del CELS al poco tiempo de su fundación. El equipo de salud mental tiene en sus orígenes el acompañamiento, la asistencia, la atención más vinculada desde una línea psicoanalítica que en esa época era bastante perseguida y entonces desde ahí se buscaba hacer un acompañamiento a las víctimas y familiares de esos años. Esto llevó a que, con el paso del tiempo, se incorporaran otras profesiones en este equipo de salud mental como el trabajo social, psicología pero más desde una mirada comunitaria, abogados, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos y esa línea de acompañamiento victimas con esa perspectiva que en un principio eran casos ligados a crímenes de lesa humanidad y pero después sobre otras violaciones a los derechos humanos y el equipo de salud mental siempre estuvo ahí para hacer ese acompañamiento en esos procesos más de búsqueda de justicia y más el estar en contacto con el Poder Judicial que para cualquiera de nosotros puede ser bastante expulsivo, entonces tratamos de hacer un acompañamiento respetuoso, compartiendo una escucha bastante atenta y es lo que rige la línea que tenemos hoy para vincularnos como equipo de salud mental”.
En este sentido, Soberón detalló que “con la vuelta a la democracia y el paso de los años, el CELS como organización amplió su agenda de trabajo y no solo trabaja a las cuestiones del proceso de memoria, verdad y justicia sino también a otras violaciones subliminares a los derechos humanos en el país, una de ellas tiene que ver con la violencia del encierro, inicialmente tenía que ver con hechos de la violencia institucional, violencia policial, también en las cárceles, pero después también se empezó a vincular lo que venia sucediendo y lo que fue viendo el equipo en relación a las violaciones de los derechos humanos en instituciones psiquiátricas que son también instituciones de encierro. Ahí el equipo pudo llevar a cabo una investigación que de alguna manera fue uno de los insumos que posibilitó después también la militancia hacia una Ley Nacional de Salud Mental y a partir de ahí, el equipo sigue una agenda de trabajo vinculada a incidir en políticas publicas que garanticen los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, personas con discapacidad psicosocial en particular”.
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