El lunes, al defender los despidos en el Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que había tomado “una resolución con criterio lógico”. Sin embargo, pronto se supo que entre las 2035 personas que dejó sin trabajo por decreto hay más de cincuenta discapacitados, que entraron a trabajar como parte del Programa de Formación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Son discapacitados motrices, jóvenes con síndrome de Down o con sordera que –como han documentado numerosas notas periodísticas– han demostrado altísimos niveles de responsabilidad y competencia en sus funciones. Fueron empleados, además, porque la legislación argentina establece que el Estado debe tener un cupo de por lo menos el 4 por ciento de su personal con discapacidad, como una forma de promover la integración.

Ayer Michetti debió rever esos despidos. Alertada de su torpeza, la titular del Senado firmó un decreto complementario para dar marcha atrás con ese grupo de cesantías, así como con las de los padres con hijos discapacitados. El documento fue firmado por la vicepresidenta y Helio Rebot, el responsable administrativo del Senado. También resolvió rever los despidos de mujeres embarazadas.