El politólogo de Bolivia, Ernesto Zapata, pasó por #AVosPatria y explicó cuáles son los procesos judiciales que se llevarán a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar a los funcionarios públicos que fueron parte del gobierno de facto recientemente.
Zapata mencionó que “en clamor de toda la población boliviana, se exige justicia por las masacres que sufrió la población durante la dictadura que estuvo en el gobierno anteriormente. Por esa razón, llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia para investigar dichas masacres y para que se lleven a cabo los hechos de justicia ya que no se avanzó dentro de la justicia boliviana en estos casos por lo que hubo un pedido desde el gobierno nacional para que llegue una comisión de expertos para poder investigar esas masacres y que sea de manera independiente porque hay muchas susceptibilidad en Bolivia de que se está llevando a cabo una venganza con el gobierno de Arce y lo que en realidad se quiere es llegar a la justicia”.
Además, el politólogo se refirió al empresario cruceño Fernando Camacho como “uno de los principales actores políticos del golpe de estado. Él ha sido denunciado a través de la exdiputada Lidia Patty del MAS en Bolivia en el cual la oposición está reclamando e incluso quiere recurrir a los organismos internacionales apelando que sufre una persecución política en Bolivia. También hay que decir que hay muchos funcionarios de gobierno de facto que ya han salido de Bolivia sabiendo que van a ser llamados por la justicia por los actos y delitos que han cometido durante su estadía en el gobierno, y las personas que se están quedado tendrán que enfrentar a la justicia más allá de que puedan invocar que es una persecución política, ya que hay pruebas contundentes que ameritan que sean juzgados a través de la justicia ordinaria”.
Por otro lado, Zapata comentó las primeras medidas tomadas por el reciente presidente electo en Bolivia, Luis Arce, quien “sacó un bono contra el hambre de mil bolivianos que sería alrededor de 1.045 dólares para aquellas personas que se vieron afectadas dentro de sus economías por el tema del Covid-19 y la mala gestión del gobierno. Entonces, dan una ayuda extraordinaria por única vez para la población boliviana mayor de 18 años y que no reciban ningún sueldo en ámbitos públicos ni privados. Se está trabajando también en un impuesto a las grandes fortunas como en Argentina que ya se dio por aprobado pero la diferencia que acá se está tratando de llegar a un consenso de ser anual y permanente para las grandes fortunas que superan los 30 mil millones de bolivianos, es decir, 4,3 millones de dólares. Es algo importante porque a veces se dice que lo que se lleva a cabo en un país no afecta al otro y esta medida se está tomando a partir de lo que se decidió en Argentina y es un ejemplo de lo que se hizo allí, a pesar de sus diferencias. Lo mismo ocurre con la próxima elaboración de un proyecto de reforma judicial”.
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