Trabajo precario, el virus que infecta las relaciones laborales en la Argentina

Al menos seis trabajadores de plataformas digitales murieron desde el inicio de la cuarentena, distintos proyectos buscan regular la actividad.


En lo que va de la cuarentena al menos seis repartidores de las aplicaciones de delivery perdieron la vida en hechos de tránsito, dejando al desnudo una estructura laboral con un alto grado de precariedad. El gobierno busca regular la actividad a través de un proyecto de ley que alcanzaría a unos 60 mil trabajadores que se desempeñan en las plataformas digitales.


En cuestión de días la actividad paso de ser ilegal a esencial. Antes de la pandemia, el delivery era apenas una parte del negocio de los comercios, hoy representa casi el 100% de las facturaciones para muchos locales del país que permanecen abiertos.

Los trabajadores de las cuatro empresas transnacionales (Pedidos Ya, Glovo, Rappi y UberEats) carecen de derechos elementales como cobertura de salud, seguridad social, licencia por enfermedad, ART, vacaciones, indemnización por despido, licencia por maternidad, ropa de trabajo, elementos de protección personal, viáticos.

En un esquema de rankings que favorece la sobre exigencia y la competencia interna, la gran mayoría excede las 50 horas de trabajo semanal (superior a una jornada completa legal) y cada plataforma tiene un sistema de premios y sanciones para administrar la aceptación y rechazo de pedidos, como también la obligación a conectarse cierta cantidad de horas.


Los repartidores de las apps llevaron adelante tres paros generales desde el comienzo de la cuarentena, que incluyeron la movilización al Ministerio de Trabajo, reclamando que se les reconozca la relación de dependencia existente, un aumento en el monto recibido por comisión, mejores condiciones laborales y la entrega de elementos de higiene.


En el marco de estas medidas de fuerza, integrantes de la Agrupación de Trabajadores de Reparto manifestaron: “Somos trabajadores, no somos colaboradores. Nos empujan a trabajar jornadas interminables compitiendo entre nosotros por pagos insignificantes”.


El gobierno, a través del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, impulsará la creación de un estatuto por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esta iniciativa se centrará en terminar con la informalidad y ampliar la cobertura de derechos para los repartidores con mecanismos propios de definición de la jornada laboral, cobertura de salud, seguros e indemnización, aunque evitará reconocerlos como trabajadores en relación de dependencia. También buscará encuadrar a las compañías como empleadoras sujetas a obligaciones previsionales e impositivas de las que hoy están exentas.


Juan Manuel Ottaviano, asesor legal de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), uno de los gremios que busca representar a los trabajadores de la actividad, declaró: “El desafío es crear derechos donde no los hay. Aumentar la inversión tecnológica y apartar la precariedad laboral”.


Redacción: Alejandro Fernández (delegado UTEDyC en CABJ)

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