Es licenciada en Economía y trabaja como periodista en el diario Página/12. Consultada por #Desmalezando sobre las leyes que protegen las tierras de nuestro país, explicó el impacto de las medidas flexibilizadoras que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, para dejar sin efecto la Ley de Tierras que había sido promulgada en el año 2011.
Natalí recuerda el discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner el día que se promulgó la ley 26737. La entonces presidenta de la Nación declaraba así: “No sabemos quiénes son los dueños de nuestras tierras, ni qué porcentajes de ellas ocupan”. Señala la economista, que esta legislación posibilitó al Estado nacional la confección de un registro de las tierras argentinas en manos de personas y empresas extranjeras: “La ley establece un tope del 15% en relación a las tierras de propietarios extranjeros, y en ese momento el porcentaje oficial era de 6,09. El problema es cuando empezás a desglosar el número, porque la letra no se refiere únicamente a valores nacionales, sino que también funciona en términos provinciales y municipales”. Eran 50, se supo entonces, los municipios que estaban incumpliendo la norma del 15%.
Más allá de las tierras propiamente dichas, el interés ancla en los recursos naturales que esos espacios pueden albergar: la gente y las empresas que ostentan cierto poder manejan información privilegiada que conduce sus acciones. Dice Risso: “Con la Ley de Tierras se había logrado regular la situación, en tanto que por ejemplo obligaba a certificar frente a las autoridades provinciales que los terrenos adquiridos no incluían cuerpos de agua, algo que estaba expresamente prohibido. Luego, durante el gobierno de Macri, se antepuso un decreto flexibilizando la ley, y la realidad es que ese decreto continúa vigente: hoy día, un privado puede perfectamente adueñarse de los recursos naturales de nuestro país”.
Una de las consecuencias que trajo el decreto macrista fue la anulación de la obligatoriedad de informar los traspasos de acciones entre empresas dueñas de tierras. Concluye Natalí: “La manera más común de comprar y vender tierras entre empresarios es precisamente con el intercambio de acciones. Lo que hizo el decreto fue inhabilitar al Estado para seguir registrando los movimientos que se producen, entonces el país ya no tiene forma de saber si la ley sigue siendo respetada”.
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