Ávalos: “Macri sacó millones de U$D al área discapacidad y lo puso en la bicicleta financiera"

El vice-presidente del CONJUB (Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores) y abogado especializado en administración pública y discapacidad, Pedro Ávalos, pasó por #AnocheceEnBuenosAires y mencionó la situación actual de las personas con discapacidad en tiempos de pandemia.



“La herencia que nos dejó María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires sobre las pensiones son de $800, casi te sale más caro ir a cobrarlo que el monto de la pensión, y en la provincia de Neuquén $300, y así en varias provincias. Entonces nosotros le estamos pidiendo al ministerio, al ministro Arroyo, que es el responsable de la lucha contra el hambre, que extienda la Tarjeta Alimentar a las personas con discapacidad. Lo que ocurre es que, por ejemplo, una persona que vive en Neuquén con esos $300, se anota en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero se le niega porque el decreto dice que no tiene que cobrar ninguna pensión ni nacional, ni provincial, ni municipal. Por lo tanto, en esos $300 los desplazan en cualquier ayuda que pudiera recibir del Estado nacional. ¿Por qué esa persona sigue percibiendo sus $300? Porque les da acceso a servicios de salud. En Provincia de Buenos Aires, con esos $800, el pensionado accede a las prestaciones de IOMA, entonces las personas con discapacidad están muy dependientes de esas prestaciones de salud”, explicó el abogado especializado en discapacidad.


El vicepresidente de CONJUB explicó que “el segundo punto crítico que estamos viviendo las personas con discapacidad es precisamente las prestaciones de salud. “Incluir salud” es el programa que brinda servicios a las pensiones no contributivas no puede admitir en este momento las recetas electrónicas. Las recetas electrónicas están aprobadas desde abril de este año por el Ministerio de Salud, por todas las provincias, pero “Incluir Salud” no lo permite. Nosotros lo que hemos pedido a la Agencia Nacional de Discapacidad, en particular al Dr. Daniel López, que cumpla con el convenio porque lo que dice es que, en primer lugar, tiene que hacer auditoría, en caso de no recibir el medicamento lo que dice el convenio, en caso de suspensión de medicamento, la Agencia Nacional de Discapacidad debe proveer directamente porque se prevén estas situaciones y prevé que la propia es Agencia pague a la farmacia directamente el medicamento y después lo descuente dentro de 3 meses cuando las provincias rindan cuentas. Por eso para nosotros ese es un elemento central porque nuestros compañeros y compañeras en este momento están viviendo una situación angustiosa donde hace meses no reciben los medicamentos, se ven obligados a ir estérilmente al hospital, van al foco de contagio a buscar las recetas para que se las reboten o le den la mitad de la medicación”


“Lo que nos dice el director de la Agencia Nacional de Discapacidad es que no pueden instaurar las recetas electrónicas porque no tienen suficiente equipamiento tecnológico, computadoras, en los hospitales públicos. Sin embargo, lo que no entiende el doctor es que la receta electrónica no es algo que va necesariamente por la web, sino que uno le saca una foto y lo manda por WhatsApp, entonces no necesita la tecnología, sino que se necesita la buena voluntad para que le llegue la receta electrónica a las personas con discapacidad. La persona con discapacidad tiene que elegir entre ir a farmacias y contagiarse o quedarse sin medicamentos u, otra alternativa, pagarlo desde la plata de la pensión que recibe todos los meses, una cosa totalmente injusta porque esa persona ya puso $300 o más de su salario para tener medicamento. Nosotros lo que pedimos es que se entre en razón, que la gente se ponga en el lugar del otro, para nosotros es intolerable. Para solucionar el problema lo que hay que hacer es la receta electrónica que nosotros pedimos, esa de WhatsApp no es nada de la NASA, nosotros le pedimos a la Agencia Nacional de Discapacidad que pague los medicamentos como también le pedimos que recuerde nuestra consigna, la consigna del movimiento internacional de las personas con discapacidad qué es "nada hacer de nosotros sin nosotros, nosotros estamos acá”, señaló Ávalos.


Por otra parte, el especialista se refirió a los certificados de discapacidad: “Por decisión de la Agencia se han prorrogado las vigencias de los certificados de discapacidad, por lo que no se vencen durante la pandemia, cada provincia administra esta normativa a su manera. Esto no quiere decir que hayan certificados de discapacidad permanente. La realidad es que ahí está primando el modelo médico de reunir nueva documentación para renovarlo, y la realidad es que el certificado es la llave para acceder a las prestaciones de salud, si a vos se te vence el certificado la obra social te dice que se tiene que renovar, sino, no se puede dar el servicio que fuera. Yo he insistido mucho con los más desprotegidos porque son las realidades que más nos duelen, pero a una persona que tiene una obra social está en una situación también completamente desamparada. Macri se llevó del dinero de los trabajadores destinado a las personas con discapacidad, sacó mil millones de dólares y lo puso en la bicicleta financiera, compró bonos 2020 y lo dejó en la superintendencia y dejó un papel de un vale de mil millones de dólares, la consecuencia de esto fue el recorte de las prestaciones y todavía nosotros seguimos teniendo el impacto de esos recortes”.


Además, Ávalos recordó la “Ley de Cheque” que “en el año 2000 De La Rúa instaló para suprimir una cláusula que decía que los cheques mal emitidos generasen una multa y esos recursos se iban para programas a favor de las personas con discapacidad. En el año 2003 vuelve a establecerse las multas a los cheques mal emitidos. Con esos recursos, hay un fondo importante (recaudó unos 700 millones el año pasado) que financia actividades para las personas con discapacidad. Este fondo lo maneja la Agencia Nacional de Discapacidad pero el problema es que hay un comité de la Ley de Cheques en el cual la representación de las personas con discapacidad es prácticamente nula, por lo que el destino de esos recursos no siempre están orientado a las personas con discapacidad: El 70% de esos recursos se gastan en organizaciones oficiales, esto es provincias, municipios, el 20% se gasta en organizaciones no gubernamentales de aquellas que en la práctica viven de la discapacidad, aquellos que prestan servicios a personas con discapacidad que son importantes, sólo el 7% se destina directamente a personas con discapacidad, entonces nosotros tenemos que cambiar eso. Es clave la participación de las personas con discapacidades porque ese dinero es nuestro, lo dice la ley, nosotros tenemos que evitar esto. Si no participan lo que pasa es que se avivan aquellas personas que no tienen discapacidad y viven de los dineros destinados a nosotros”.


Escuchá la nota completa acá:

Redacción: Paula Serrichio

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