El Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad pasó por los micrófonos de #NoticiasDeAyer y habló sobre el nuevo proyecto de Ley del GCBA que pretende modificar el régimen de venta de tierras públicas. "Así, un desarrollador va a poder adquirir tierra de la Ciudad sin saber cuánto pago, o permutando la propiedad por consultorías o trabajo”, sintetizó.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad y el apellido Valdivieso se han vuelto palabras incómodas para el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años. Tiene que ver con el paradigma del Derecho a la Ciudad y su lucha, que, Jonathan refleja así:
“En las últimas décadas se plantea una crítica muy fuerte sobre cómo se construyen las ciudades del mundo, su mercantilización sobre todo. Para enfrentar eso, se fueron construyendo herramientas para pensar como contrarrestar esa forma de construcción vinculada a negocios inmobiliarios, más que a la mejora de la calidad de vida de su población, del acceso a los servicios, etc.”
El motivo de la entrevista no fue otro que la puesta en discusión en la Legislatura del proyecto 2796-2019 del GCBA que plantea la modificación del régimen de venta de tierras públicas pautado por la Ley 2.095. Valdivieso hizo un poco de historia sobre esto:
“Cuando se habla de tierra pública, hay como dos instancias: una sobre su venta en sí, y la otra es como vender, a quién vender y en qué condiciones. En la Ciudad de Bs. As, toda venta de tierras tiene que pasar por la Legislatura. Desde la creación de la Agencia de Bienes del Estado entre fines del 2015 y principios del 2016, la Legislatura le cedió la potestad a este ente de delegar que tierras se venden y cuáles no. La idea era crear una inmobiliaria pública sin pasar por la Legislatura: finalmente, la Agencia se aprobó pero sin esa facultad porque la resistencia fue mucha, y también, porque esa competencia de la Legislatura está hasta en la Constitución. Bueno, como en aquel momento no pudieron con lo primero, ahora van por lo segundo: como elegir al comprador y que modalidades de pago pueden hacerse.”
¿A qué se refiere con modalidad de pago el proyecto? Para el abogado especialista en temáticas de DD.HH, el proyecto “busca eliminar el único mecanismo actualmente autorizado que es el de subasta pública y poder incluir otros: contratación directa, licitación, etc. Pero también flexibilizar las formas de pago: un desarrollador podría comprarle tierra a la Ciudad y pagársela con trabajo de consultorías, es una locura”, advirtió.
La mayoría en el Parlamento local, el control del Ejecutivo y un Poder Judicial y los organismos de control bastante domesticados permiten esta situación, que, para el presidente del ODC “solo puede impedirse con mucha resistencia popular y visibilización. Eso es lo que estamos haciendo con los procesos de urbanización de villas vigentes en la Ciudad (Villa 20, Barrio 31, Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno) donde junto a organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo presentamos un programa de garantías mínimas y derechos básicos que no puedan ser vulnerados: la defensa de la vivienda, la imposibilidad del corte de los suministros básicos y servicios, etc.”
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