El economista y Director del Banco Nación habló del caso que sigue despertando polémica. “La salida para salvaguardar las fuentes laborales, pagar a acreedores y evitar la extranjerización es intervenir, no creo en ningún tipo de salvataje”, sentenció.
98. 1835. 2638. 7000. 28.000. 130.000. Son las cifras de los afectados por el caso Vicentin. La primera es de las cooperativas acreedoras, luego los productores, después la totalidad de acreedores registrados. Y finalmente los trabajadores: 7000 los directos, cuatro veces más los indirectos, y 130.000 contabilizando las familias.
Para el funcionario del Banco Nación Claudio Lozano “el caso Vicentin es el caso de un grupo empresario que ha tenido un crecimiento exponencial apalancado, entre otras cosas, por créditos, y de la banca pública, fundamentalmente a partir del banco Nación, su principal acreedor. Créditos malhabidos, a través de trámites irregulares. En el marco de ese crecimiento, el grupo puso en marcha un proceso de offshorización, es decir, instalación de empresas en otros lugares del mundo (Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá y propia Europa), y con maniobras ha producido fuga de dólares al exterior por montos considerables”.
El freno dispuesto por el Juez en lo Civil y Comercial de Santa Fé, Fabián Lorenzini, a la decisión del DNU de intervención para expropiación dispuesto generó un impasse que continúa sin resolverse. “Es un dislate jurídico, ese DNU tiene fuerza de ley, y este juez repuso en la conducción de la empresa a los accionistas. Es un juez parcial que ha apañado el comportamiento de un grupo que malversó y estafó a las claras” analizó Lozano, y planteó una advertencia y un deseo para el futuro del caso: “El gobierno provincial parece tener voluntad de acordar y llevar una especie de salvataje, esto no representa la propuesta del Gobierno Nacional. La única forma de salvar puestos de trabajo, pagar a los acreedores y evitar la extranjerización para que empresas como Dreyfous, Glencore o Cargill se queden con Vicentin a precio de remate es volviendo al camino inicial planteado por el Presidente Alberto Fernández. Una asociación virtuosa entre el Estado y las cooperativas agrarias que sostenga una empresa testigo para el comercio exterior, y blanquee la oscuridad que abunda en ese sector”.
Fuente: AnSOL
