La investigadora del CONICET y Coordinadora en la “Unidad de Investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Basualdo, pasó por #Desmalezando y analizó la responsabilidad empresarial durante la última Dictadura Cívico-Militar.
La historiadora explicó que “además de una alianza entre el Poder Económico y Dictadura, hay una especificidad que tiene que ver con una articulación particular de las Fuerzas Armadas con las empresas a partir de una participación muy fuerte en la represión. La cuestión de la influencia ideológica o de las acciones más intelectuales, o incluso los cuadros institucionales, sectores del empresariado con puestos designados por los militares durante la dictadura es un eje importante. Martínez de Hoz es uno, pero hubo una gran cantidad de cuadros de los grupos económicos que tuvieron posiciones de poder durante la dictadura, pero esas relaciones son difícilmente judicializables”.
Por su parte, la investigadora del CONICET mencionó que “en mi investigación, lo que me impresionó fue el involucramiento directo en la política represiva, en lo que en una primera etapa se llamó “complicidad” de estos sectores empresariales en las políticas represivas y que, después de otro ciclo de trabajo mío, en el 2006, se estaba reactivando el proceso de justicia y era un momento en el cual era el tiempo de poder planificar líneas que había que trabajar. Entonces, desde la Central de Trabajadores Argentinos me convocaron a escribir un texto por los 30 años del golpe y fue un momento muy interesante de debate sobre esto, pero fue muy difícil de incorporar en el proceso de justicia este tema. Por eso, entre 2014 y 2015, hubo un segundo ciclo de trabajo muy importante hecho por cuatro instituciones: la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, FLACSO y CELS, se juntaron y armaron un equipo de 20 especialistas que trabajamos 2 años sin parar para analizar de manera sistemática 25 casos de empresas de todo el país. Ese ciclo de trabajo fue impresionante porque el trabajo individual no sirve en éstas líneas que son muy complejas y requieren un trabajo de archivo muy grande, requiere mucho talento y muchas disciplinas. Ese equipo pudo analizar 25 casos y pudo extraer patrones y líneas en común en términos de responsabilidad empresarial”.
De esta manera, Basualdo señaló que “creo que es impactante, es un ciclo excepcional el argentino, que todo ese proceso de investigación y de profundización de todas estas cuestiones tuvo que ver con algo muy concreto que es la posibilidad de tener víctimas que activaran muchísimo y que hicieran las denuncias, desde los años ’80 hay denuncias en este punto. Entonces, creo que hay una serie de factores muy importantes que permiten llegar a este punto el cual llegamos, que es el tener una cantidad de datos muy significativos. Este informe, realizado por cuatro instituciones de las cuales dos son estatales, nos permitió sacar conclusiones sobre las 25 empresas, que son nombres pesadísimos, empresas del rubro automotriz, siderúrgica, textil, astilleros, entre otros, que son muy significativas en estas actividades económicas, y por eso esta investigación fue una apuesta muy grande no solamente de estas organizaciones sino también del Estado”.
Acerca de la investigación realizada en los últimos años, Basualdo comentó que sus “conclusiones fueron muy fuertes: en el 88% de los casos de estos 25 casos que analizábamos hubo secuestros en el lugar de trabajo, en el 76% hubo entrega de información privada de trabajadores y listas de delegados, en más de la mitad de los casos hubo presencia de cuadros empresariales en los secuestros o torturas, en casi el 50% de los casos hubo aportes económicos a las fuerzas represivas, un 50% hubo un uso de camionetas y distintos tipos de vehículos en los intentos de secuestro, en el 36% de los casos existió el pedido de detención directa a los trabajadores por parte de las empresas, en el 32% de los casos existió el secuestro en el trayecto entre la casa y la fábrica. Todo esto en un marco de militarización fenomenal de los establecimientos laborales, eso también se midió: en el 72% de los 25 casos hubo presencia de actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento en la fábrica, es decir, personal militar amenazando a los obreros adentro, en el 78% participación de las Fuerzas Armadas en cargos directivos, y en la mitad de los casos hubo actividad militar en los predios fabriles. Por eso hablamos de responsabilidad empresarial, cuestión que se redondea con la última cuestión mencionada que es la existencia de centros clandestinos de detención dentro del propio predio, propiedad privada de estas empresas”.
Finalmente, la coordinadora en la Secretaría de Derechos Humanos reflexionó que “más allá de las trabas , que claramente están y hay gente ocupándose en dar una batalla en cómo poder pensar al Poder Judicial, yo lo que observo son los obstáculos, a dónde siempre se frenan y cuáles son los argumentos de las empresas o de los jueces, pero si podemos trabajar desde el otro lado en solidificar, porque me parece que los juicios tienen que transitarse con papeles, tienen que transitarse con evidencia empírica y con capacidad interpretativa y que, cuando uno construye sólidamente, la verdad es imparable. Creo que estamos acá porque un conjunto de víctimas, de organizaciones, de sectores, de aliados académicos, políticos y sindicales tomaron la decisión de no dejar caer estas cuestiones, de sostenerlas hasta donde fuera necesario. Creo que, de este modo, uno efectivamente puede argumentar, sostener, comprobar y esto es muy importante internacionalmente porque el problema de las empresas es un problema grave, las violaciones a los Derechos Humanos por parte de empresas multinacionales, con una acumulación de poder fenomenal, que destrozan ecológicamente zonas, que destruyen comunidades, que maltratan trabajadores, es un problema para la sostenibilidad de este sistema que, en cierto punto, es estable, pero por el otro lado, es una bomba neutrónica. Estos temas que se están analizando, un centro clandestino de detención adentro de la propiedad privada de la empresa es un problema”.
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Redacción: Paula Serricchio
