Con un Congreso empapelado de numerosos afiches de películas nacionales y banderas de asociaciones, Unidxs Por La Cultura --frente que agrupa a más de 70 entidades de diferentes disciplinas artísticas y provincias-- exigió el tratamiento de un proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que garantizan fondos a las actividades culturales. El 3 de mayo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de mayoría para llevar al recinto el proyecto presentado por el diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba), pero aún no hay fecha para el tratamiento. De esto depende, básicamente, el destino de la cultura del país: dentro de seis meses padecería un desfinanciamiento total.
¿Qué es lo que está en juego?
En la movilización confluyeron trabajadores y artistas del cine, la música, la danza, los medios comunitarios, las bibliotecas populares. Cerca de las 13 tomaron la palabra referentes de las organizaciones. Detrás de ellos había una enorme bandera que decía “No al apagón cultural”. El acto no fue solamente una demostración de fuerza del sector, sino que también dejó ver el acompañamiento de legisladores de distintas provincias al reclamo. Estuvo y habló Carro. También se acercaron Carolina Moisés, María Rosa Martínez, Hilda Aguirre y Blanca Osuna (Frente de Todos) y Alejandro Vilca (Frente de Izquierda).
Lo que está en juego es el futuro de la cultura nacional. Y por ende, como se dijo en el acto, "la memoria", "la identidad" y muchísimos puestos de trabajo. El conflicto que recientemente atravesó el sector cinematográfico --tal vez el que posee mayor capacidad de movilización dentro del frente-- hizo conocida la situación: durante el macrismo no sólo el Ministerio de Cultura fue degradado a Secretaría, sino que también se modificaron los impuestos específicos destinados a la financiación de los institutos del cine, el teatro, la música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Un artículo incluido en la ley 27.432 de reforma tributaria --sancionada en diciembre de 2017-- estableció la caducidad para diciembre de 2022 de las asignaciones específicas para las actividades culturales. En su artículo 4°, la norma prevé que los gravámenes de los cuales se deducen fondos de fomento pasen directamente al tesoro nacional.
Los argumentos de JxC para oponerse al financiamiento de la cultura
"Tenemos varios compañeros que han presentado proyectos en esta dirección. Creemos que la cultura en todas sus dimensiones tiene que tener financiamiento y que no debe tener fecha de caducidad. Nuestra cultura no es para un rato", expresó Carro, quien desglosó los argumentos de la oposición para resistirse al tratamiento del proyecto de ley 3823-D-2022. "La oposición de Juntos x el Cambio", aclaró, para dar a entender que es el único bloque que se opone explícitamente. El dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto arrojó el resultado de 26 votos a favor y seis en contra.
El primer argumento de JxC es que no se puede "estar legislando como si estuviéramos en Finlandia"; "que hay pobreza y desocupación, que no podemos tirar tanta plata a la cultura". El segundo es de "orden fiscal". Según los diputados opositores, "todo impuesto que tenga una asignación específica tiene que tener fecha de caducidad". Es por eso que los diputados del FdT debieron incorporar el plazo de 50 años. "No hay argumento que explique esto --aclaró Carro--. Salvo reconocer que vence en muchos años."
El último motivo para no apoyar la financiación de la cultura es que esos fondos son un alimento a la "burocracia" y que el dinero lo utiliza el Gobierno para "hacer política". "La relación entre los que trabajan en institutos y lo que se fomenta es mínima. Y estos institutos son los más federales de los organismos nacionales porque tienen su consejo federal con participación de todas las provincias. Estamos dando una discusión que atrasa por lo menos 20 años... deberíamos estar hablando de lo que tributan las plataformas que se llevan los dólares para afuera", protestó Carro. "Tenemos apoyos pero no una fecha", concluyó el legislador. Instó a las organizaciones a seguir luchando, ya que fueron las que generaron las "condiciones" para la aprobación del proyecto en la Cámara Baja.
La palabra de los referentes de las organizaciones
"El arte es memoria y es a largo plazo para que un pueblo pueda construir su historia. Es fundamental contar con tiempo para planificar, editar, distribuir... no podemos estar cada cuatro años saliendo a la calle, perdiendo derechos que deberían ser naturales", manifestó Fernando Krichmar, de Documentalistas Argentinos (DOCA). Alejandra Guzzo, de la misma agrupación y de Acción Mujeres de Cine explicó: "Estos fondos son derechos adquiridos, que se constituyeron como política de Estado. La Ley de Cine es del '94. No sé qué pasó en diciembre de 2017 para que se ponga en duda este derecho. (Los diputados de JxC) ponen en cuestionamiento que 50 años es mucho tiempo. Pero la pregunta es al revés: ¿a quién se le ocurrió que esto tuviera una finalización?".
Por este tema dialogamos con Ana Fraile, documentalista, de ADN y forma parte de Unidxs por la Cultura.
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