El anuncio realizado por el presidente sobre la puesta en marcha de un Plan de Salud bajo el atractivo nombre de Cobertura Universal en Salud (CUS) esconde el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Lo novedoso del anuncio de ayer es que el financiamiento para la puesta en marcha de este proyecto, se realizará con fondos provenientes de las obras sociales, hecho de muy dudosa legalidad, más allá de cualquier buena o mala intensión. Esto, sumado a que ya de por sí las modificaciones que se proponen, deberían haberse realizado a través de una ley y no de un DNU.
Resulta muy extraño que el Fideicomiso de 8.000 millones a crearse, sea administrado por una Unidad Ejecutora de la que participarán dos representantes del MSal, dos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y dos de la CGT. Será allí donde se decida qué proyectos se financiarán dentro del CUS, potestad que debería ser privativa únicamente del Estado (ministerio).
Una observación de sentido común que hay que hacerse está referida a la sustentabilidad del proyecto, ya que se anuncia el financiamiento inicial de la CUS pero no sin definir como se sostendrá en el tiempo. La respuesta quizás esté en el Power Point que se usó para presentar este proyecto a los ministros de salud de provincia en la última reunión del COFESA: la nación se irá retirando progresivamente del financiamiento transfiriéndoselo a provincias y municipios.
Por otra parte, se propone identificar y nominalizar a los “beneficiarios” (léase, ciudadanos sujetos de derecho), que serían las 15 millones de personas que no tienen Obra Social o Medicina Prepaga, tarea que prácticamente ya está hecha en las bases de Datos de diferentes organismos del estado. A los “beneficiarios” se les otorgará un carnet con el cual quedarán incluidos en el sistema de “cobertura”, procedimiento innecesario ya que con el DNI perfectamente se debería acceder a las prestaciones. Pero la mayor “trampa” es que se generará una “canasta básica de servicios” que la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias a crearse por ley como parte de este plan se encargará de acotar para los sectores de bajos ingresos, inclusive, los que tengan Obra Social. Hoy, ni en los hospitales públicos ni en los CAPS hay un límite prefijado de prestaciones a recibir. Con la “canasta básica” se pondrá un límite y toda prestación por encima de éste será pagada por el bolsillo de los ciudadanos. Lo mismo ocurrirá con el límite que se ponga para el Programa Médico Obligatorio exigible a las Obras Sociales y a la medicina pre paga. Generar una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es una buena iniciativa, siempre y cuando sus dictámenes sirvan para permitir el registro o no de los medicamentos, aparatología o procedimientos. Cuando sólo se lo hace para restringir prestaciones que deben brindar las O.S. o el estado, la consecuencia será los profesionales continuarán prescribiendo e indicando su utilización y, como se dijo, esto deberá ser erogado por los ciudadanos, tal cual se verifica en los países que han puesto en marcha políticas como esta, como así también, aumentará en forma importante la judicialización en pos del acceso, como una manera que tiene la comunidad a la que se le niegan derechos de poder conseguirlos.
Para poder imaginar cómo afectará la implementación de este Plan al Sistema de Salud y la salud de los argentinos y cómo éstos deberán aumentar sus erogaciones directas para poder acceder a prestaciones de salud, basta con estudiar lo que sucedió en Colombia, donde desde 1993 se implementa un Plan similar.
A modo de ejemplo de cómo aumentará el gasto de bolsillo de los ciudadanos con este Plan, se puede mencionar cómo funcionará la compra de medicamentos: los cerca de 15 millones de ciudadanos que no tienen O.S. ni pre paga, deberán adquirirlos en farmacias presentando el carnet, pero deberán pagar un porcentaje del mismo (40, 50 %) mientras que hasta ahora los recibían gratuitamente a través del Plan REMEDIAR. Programa además que adquiría los medicamentos a 7 veces menos el precio más bajo de mercado. Para quienes tienen O.S. o Pre Paga, muchas de las prácticas y tratamientos que hoy están cubiertos, no lo estarán, debiendo los afiliados pagar por ellos.
Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva cada vez más asistencial que preventivo. El estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención, como queda claro en la mínima ejecución presupuestaria del MSal de la Nación de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención, imprescindible para el funcionamiento de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud que tanto de pregona.
También es llamativa la exención que se hace a las empresas de medicina pre paga del 2 por mil de sus ingresos que pagaban para sostener el funcionamiento de la SSS, probablemente con la intensión de asegurarles más ganancias a éstas a costa de desfinanciar a los organismos de control del Estado.
Es una pena que se use la sana idea de integrar al subsector público de la salud y al de obras Sociales para reorganizar el sistema nacional de salud para este tipo de proyectos que terminarán impactando negativamente en la salud de vastos sectores de la población. Pero no es extraño en esta gestión de Cambiemos, que se especializa en presentar cosas dañosas para el pueblo como buenas, como el caso del blanqueo de capitales realizado a expensas de una supuesta “reparación histórica para los jubilados” que terminará destruyendo el sistema jubilatorio argentino.
